El pasado martes 14 de octubre, el colectivo de FURIA, junto a líderes comunitarios, pescadores y miembros de la sociedad civil, se dio cita en la Plaza de la Democracia frente al Capitolio para manifestar su firme oposición a la aprobación del Proyecto del Senado Núm. 63 (PS 63), una medida que representa un retroceso significativo en el derecho al acceso a la información pública en Puerto Rico.

Durante la conferencia de prensa, diferentes portavoces denunciaron los peligros que representa esta enmienda a la Ley 141-2019, legislación clave para la transparencia y rendición de cuentas del gobierno. Lejos de fortalecer el acceso ciudadano a la información, el PS 63 añade trabas innecesarias, abre la puerta a la politización de los procesos y reduce la agilidad con la que la información debe ser entregada.

"Esto es lo que nos permite ver a los ciudadanos qué están haciendo con nuestro dinero y poder exigir esa información al gobierno," expresó el Lcdo. Juan Capella, consultor comunitario de FURIA, subrayando el valor de la Ley 141 como herramienta de fiscalización y empoderamiento ciudadano.

Una de las voces más potentes del encuentro fue la de Modesta Irizarry, líder comunitaria de Loíza y colaboradora de FURIA, quien habló sobre la necesidad de que el pueblo esté informado sobre las decisiones gubernamentales que los afectan: “La ciudadanía tiene que estar al tanto con cuánto proyecto y cuánta cosa se hace en los pueblos y en este país. Hacemos el llamado a quien preside en el Senado, a la Cámara de Representantes y a la minoría, a que piensen bien el daño que le van a hacer a las comunidades con esta ley,” afirmó.

Nuestra postura es que el acceso a la información no se negocia. La experiencia de FURIA trabajando directamente con comunidades, incluyendo a nuestras comunidades especiales y los pescadores, alrededor de la isla ha demostrado que estar informadas de forma oportuna sobre proyectos y programas gubernamentales es crucial para que puedan participar, actuar y exigir rendición de cuentas. La Ley 141 ha sido una aliada esencial en ese proceso, facilitando la apertura de canales de comunicación más inclusivos y efectivos entre el Estado y sus ciudadanos. Por eso, desde FURIA reiteramos que ninguna enmienda debe debilitar su propósito original: garantizar la transparencia gubernamental.

El PS 63, que fue lamentablemente aprobado, justifica cambios bajo argumentos como la necesidad de más tiempo para procesar solicitudes, la centralización de respuestas en los jefes de agencia, y una entrega de información más flexible. Sin embargo, estas modificaciones ignoran por completo el deber de las agencias de modernizarse y utilizar la tecnología para facilitar el acceso a los documentos públicos.