En Puerto Rico, las comunidades pesqueras continúan enfrentando múltiples retos que impactan directamente su sustento, su estabilidad económica y la seguridad alimentaria del país. Desde procesos administrativos lentos hasta la falta de participación efectiva en la toma de decisiones, el sector pesquero se ve constantemente obligado a organizarse para defender sus derechos.

En este contexto, el Reglamento 7626 reconoce que la administración de las villas pesqueras debe estar en manos de las propias asociaciones de pescadores, reafirmando su rol como protagonistas en la gestión de estos espacios. Sin embargo, garantizar que este principio se respete en la práctica ha requerido esfuerzos constantes por parte del sector.

La Federación de Pescadores y Defensores del Mar de Puerto Rico (FEPDEMAR) ha liderado estos procesos, promoviendo la organización del sector y exigiendo que las comunidades pesqueras tengan una voz activa en las decisiones que les afectan. Desde FURIA, hemos acompañado estos espacios de diálogo y gestión, respaldando la construcción de soluciones justas y participativas.

Uno de los asuntos más urgentes ha sido la dilación por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en la otorgación de licencias de pesca. Estos atrasos afectan directamente el sustento de pescadores y pescadoras, limitando su capacidad de trabajar y generando impactos que trascienden lo individual, incidiendo también en la disponibilidad de alimentos frescos en nuestras comunidades, particularmente en temporadas de alta demanda como la Cuaresma.

Ante esta situación, el sector pesquero ha tenido que organizarse, sostener reuniones con la agencia y presentar propuestas concretas para exigir respuestas y soluciones. Este proceso no solo evidencia las barreras estructurales que enfrentan, sino también la capacidad de las comunidades para articular reclamos y defender sus derechos de manera colectiva.

FURIA ha acompañado estos esfuerzos desde su enfoque de abogacía participativa, apoyando en la participación en espacios de diálogo y el fortalecimiento de capacidades dentro de las comunidades. Este acompañamiento reconoce a las comunidades como actores clave en la transformación de las políticas y procesos que les impactan.

Reiteramos nuestro compromiso de continuar respaldando la lucha del sector pesquero y de nuestras comunidades costeras, promoviendo procesos más justos, transparentes y centrados en quienes viven y sostienen estos espacios.