Publicado 24 de junio de 2026

En Puerto Rico continúan los proyectos de desarrollo que ponen a nuestras comunidades en riesgo de expropiaciones forzosas. El proyecto de Manejo de Riesgos de Inundación del Río Puerto Nuevo en San Juan, gestionado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) desde 1978, es un reflejo de la exclusión a la que se enfrentan nuestras comunidades en la toma de decisiones que las afectan.

Aunque el proyecto busca reducir las inundaciones mediante la restauración de la capacidad del canal, hay una falta de transparencia entre el USACE y las comunidades adyacentes. Las comunidades de Villa Nevárez, Reparto Metropolitano, Jardines Metropolitanos y University Gardens se han unido para realizar demandas, exigiendo que el DRNA provea estudios de suelo e información sobre el cumplimiento ambiental de la construcción. Sin embargo, en un inicio estos documentos no fueron suministrados.

En FURIA nos unimos firmemente al reclamo de estas comunidades, respaldando la Ley de Políticas Uniformes de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles (Ley URA), la cual establece unas garantías mínimas y responsabilidades por cumplir para proyectos financiados con fondos federales que conllevan expropiaciones.

Tras la presión ejercida junto a las comunidades, el DRNA finalmente acordó entregar los documentos, pero exigió un pago de $4,000, justificando el costo por el volumen de los archivos a enviar. Ante este obstáculo que atenta contra el derecho ciudadano al acceso a la información, la situación fue elevada a vistas públicas en la Cámara de Representantes. Gracias a esta acción de fiscalización y abogacía, se les otorgaron los documentos a FURIA y a las comunidades libres de costo.

En estos documentos se observan discrepancias con comunicados emitidos anteriormente por la USACE. Los ingenieros proveyeron una cifra inicial en la cual alrededor de 300 propiedades se encontraban afectadas; luego, esta cantidad se redujo a 150 propiedades. Mientras tanto, los planes recién adquiridos implican que más de 500 terrenos se encuentran en la zona de construcción. No obstante, la comunidad afirma que no se han dado interacciones directas entre los residentes y los ingenieros, aunque internamente se anticipa la expropiación de sus terrenos.

Por otro lado, la comunidad cuestiona la fiabilidad del proyecto de cara a la posible pérdida de los fondos necesarios. El DRNA ha expresado que ya no cuenta con los $1,000 millones en fondos para dedicar al proyecto; aun así, la USACE busca comenzar la labor con la esperanza de adquirir el financiamiento a lo largo de la construcción. Otra preocupación de las comunidades se debe a la falta de evaluaciones ambientales por parte de los ingenieros. El impacto en zonas verdes a consecuencia del proyecto amerita una evaluación continua. Aun así, la USACE no cuenta con evaluaciones ambientales para todas las fases del proyecto y, entre las que se han presentado, algunas fueron realizadas hace décadas.

Ante tanta incertidumbre, FURIA reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades para obtener un trato justo y exigir transparencia completa de parte de la USACE. Desde FURIA reclamamos el respeto a la comunidad y la inclusión de las personas afectadas en las consideraciones futuras del proyecto y en la toma de decisiones antes del inicio de la construcción.